Política congreso

Publicado el marzo 3rd, 2016 | Por Rosa Mendoza

Alerta para prevenir colapso en la nueva Justicia Especial para la Paz

Más de 48 millones de folios, tan solo en procesos aún activos en la Fiscalía. Millones de páginas más correspondientes a sentencias de la justicia ordinaria y fallos de la Procuraduría y la Contraloría relacionadas con hechos y actores del conflicto armado.

De esa magnitud es el megapaquete de información que, sin que se haya dado un solo paso para su creación, tendrá que recibir la nueva Jurisdicción Especial para la Paz que empezará a operar una vez culminen las negociaciones con las Farc en La Habana.

El lunes pasado, en la Casa de Nariño hubo una cumbre judicial encabezada por el presidente Juan Manuel Santos en la que los presidentes de las altas cortes manifestaron su preocupación por dos temas: de un lado, por el que consideran el papel ‘marginal’ del aparato de justicia colombiano en el nuevo modelo de Justicia para la Paz y, segundo, por los enormes retos logísticos que impondrá su puesta en marcha una vez se firme el acuerdo final con la guerrilla.

En el encuentro en Palacio, según fuentes consultadas por este diario, los magistrados le pidieron al Gobierno inclusión e información en la construcción de la Jurisdicción Especial. A las cortes, en particular, les inquieta la marginalización en que han estado durante el proceso y cómo se va a lograr la separación de las competencias del nuevo tribunal con las de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y secciones del Consejo de Estado como la Tercera, que ha condenado a la Nación en decenas de oportunidades por hechos del conflicto.

 

Un informe presentado allí por el fiscal Eduardo Montealegre señala que la Justicia Especial para la Paz deberá recibir 32.433 procesos abiertos en los que se investigan 110.086 hechos criminales. Montealegre le dijo a EL TIEMPO que hay preocupación por el voluminoso tamaño de los expedientes que deben ser entregados y por el tiempo que puede tomar su procesamiento en caso de que no se destinen los recursos suficientes.

Según el informe de la Fiscalía, si se decidiera investigar caso a caso, en esa jurisdicción se necesitarían no menos de 3.000 funcionarios para evacuar los procesos en tres años. Eso costaría casi dos billones de pesos.

Si se decidiera por las investigaciones en contexto, como lo recomienda el ente acusador, en tres años se requerirán 1.670 funcionarios y para gastos de funcionamiento serían necesarios un billón 468.000 millones de pesos.

10.000, sin procesos

El informe entregado en la reunión al Presidente y a las cabezas de las altas cortes señala que llegarían a esa jurisdicción 10.329 integrantes de las Farc, 7.500 de la Fuerza Pública y 4.354 civiles que tuvieron un papel clave en el conflicto, entre ellos financiadores de los paramilitares.

La misma proyección señala que cerca de 10.000 personas saldrían beneficiadas con mecanismos de amnistía y suspensión de la persecución penal, que según el acuerdo de La Habana se limitarán a aquellos que tuvieron una responsabilidad menor en los delitos cometidos en la guerra.

 

En las últimas semanas un grupo de la Fiscalía hizo la evaluación de los procesos existentes en el país y concluyó que era urgente empezar ya a definir el mecanismo del traslado de expedientes. El asunto es más apremiante si se tiene en cuenta que la nueva jurisdicción no solo tiene facultad sobre lo penal sino sobre lo fiscal y lo disciplinario y que, además, puede asumir el estudio de casos ya fallados en cualquier instancia.

Néstor Raúl Correa, magistrado de la Sala Administrativa de la Judicatura (que ya empezó a mirar la logística de la nueva jurisdicción), anticipa que “el matrimonio entre la Jurisdicción Especial de Paz y la Rama Judicial es inevitable y hay que invitar al Gobierno para que empiece a contar con la Rama Judicial en los futuros desarrollos de este tema tan importante”.

“A un tribunal con tan pocos integrantes le va a quedar imposible tomar la versión y notificar a 10. 000 guerrilleros dispersados en lo ancho y largo del territorio nacional, y no puede traer 10.000 guerrilleros a Bogotá para que hagan fila y escucharlos, porque no acabarían nunca –dice Correa– (…). Así, el Tribunal para la Paz va a tener que delegar algunos temas, y debería apoyarse en nosotros, en los jueces de la República, para escuchar, notificar o practicar pruebas”.

Y es que los expedientes son de tal tamaño que tan solo los documentos de la Dirección de Contexto sobre los temas de reclutamiento y violencia sexual tienen los testimonios de 4.000 exintegrantes de la guerrilla. Esos informes serán entregados oficialmente en dos semanas al Fiscal General y serían los primeros en ser enviados a la Justicia de Paz.

Durante la reunión en Palacio el fiscal Montealegre sostuvo que, aún sin esperar el banderazo de La Habana, es necesario empezar a dar los pasos administrativos para evitar una congestión de tales dimensiones que lleve a un colapso del nuevo modelo.

La idea es que no pase lo mismo que en la Ley de Justicia y Paz, en la que pasados nueve años de vigencia y cuando muchos ‘ex-paras’ ya han incluso recuperado su libertad solo hay 33 condenas en firme contra menos de un centenar de mandos medios y altos.

 




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